El lunes 27 de abril los trabajadores de los Tesoros Regionales del BCRA paran 24 horas. La medida no salió de la nada: hace meses que circulan versiones sobre cierres de oficinas, reasignaciones forzadas y una reducción de planta que nadie en la conducción del banco termina de confirmar ni de desmentir.
Los Tesoros Regionales son las oficinas que el banco central tiene distribuidas en el interior del país. Se encargan de la distribución física del efectivo, del control de las cajas de los bancos de cada zona y de mantener operativo el sistema de pagos fuera de la Capital. Cuando funcionan bien, nadie lo nota. Cuando fallan, el sistema lo siente.
El reclamo de los trabajadores tiene dos puntos: que no se cierre ningún Tesoro Regional y que no haya despidos. Ninguno suena a delirio. La discusión de fondo es si el Estado puede seguir prestando estos servicios con menos personal y menos infraestructura distribuida, o si ese “ahorro” tiene un costo que simplemente se traslada a otro lado.
Hay algo que los indicadores de eficiencia no capturan bien: cerrar una oficina pública en una ciudad del interior es difícil de revertir. El personal capacitado se dispersa, el espacio se pierde, el conocimiento institucional desaparece. Reconstruir eso, si hace falta, no es barato ni rápido.
El paro del 27 de abril no resuelve nada por sí solo. Pero fuerza a que el tema salga del Excel y aparezca en la agenda.
No al achique en el BCRA. No a los despidos.
